26 Feb, 2019
Las administraciones públicas dan pasos para consolidar el sistema vasco de servicios sociales, abordamos el proceso de asistencia técnica al Servicio de Mujer e Intervención Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia en el ajuste de sus servicios al Decreto de Cartera.
La aprobación del decreto que regula la Cartera de Prestaciones y Servicios que integran el Sistema Vasco de Servicios Sociales ha supuesto un hito para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, básicamente, porque delimita la obligación de cada nivel de las administraciones públicas vascas respecto a los servicios y prestaciones económicas, de obligada provisión, que recaen en su competencia. Y, porque define la naturaleza, objetivo, personas destinatarias, requisitos de acceso de cada prestación o servicio y si están sujetos o no a copago.
Asimismo, el Plan estratégico de servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2016-2019 define, tal como contemplaba la Ley de Servicios Sociales, un Mapa de Servicios Sociales que establece cual es el nivel mínimo de cobertura y la intensidad de cada uno de los recursos. De igual manera, determina cuáles son los criterios poblacionales orientativos más idóneos para implantar cada uno de los servicios en función del grado de proximidad. Tal como figura en el cuadro inferior:
En este marco, las diferentes administraciones públicas están dando pasos para avanzar en el desarrollo del sistema de servicios sociales llevando a cabo una revisión de sus recursos con objeto de valorar su ajuste al DECRETO 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como el cumplimiento del grado de cobertura del Mapa de Servicios Sociales. Nos encontramos, por tanto, en un momento clave para el impulso del sistema de servicios sociales.
Desde Fundación EDE llevamos años trabajando por el desarrollo de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Vasca siendo una línea de intervención prioritaria. Actualmente, estamos realizando diversos procesos de acompañamiento en esta línea. En concreto, en este proceso de trabajo hemos apoyado a la Dirección General de Inclusión Social del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad en la revisión de los recursos dependientes del Servicio de Mujer e Intervención Familiar.
El proceso de trabajo se ha desarrollado en dos fases. La primera fase se centró en el análisis de las prestaciones (técnicas, complementarias, sanitarias, empleo,…) de todos los servicios, número y perfil de los y las profesionales, servicios profesionales independientes contratados,… con objeto de valorar su grado de ajuste al Decreto de Cartera. Asimismo, se revisaron las memorias de los últimos tres años para detectar la evolución en el volumen de casos atendidos, índice de rotación de plazas, perfil de mujeres usuarias (edad, situación económica laboral, residencial, salud,…). Lo cual permitió disponer de datos cuantitativos y cualitativos de la cobertura actual y estimar la posible evolución de la demanda y el grado de cumplimiento del Mapa de Servicios Sociales en lo relativo a la cobertura de cada uno de los recursos. Finalmente, se realizó una estimación económica del coste que supondría para la Diputación Foral de Bizkaia adecuar sus servicios al Decreto de Cartera y al despliegue del mapa de servicios sociales.
En una segunda fase, se llevó a cabo la revisión del procedimiento general de intervención de cara a identificar posibles mejoras tanto en los criterios de intervención como en la estructuración de los procesos poniendo el foco central en las personas destinatarias. Para ello se ha tenido en cuenta la visión de todas las personas implicadas (personas usuarias, profesionales de las entidades prestadoras de los diferentes servicios, equipo técnico del Servicio de Mujer e Intervención Familiar y otras personas profesionales de los servicios que intervienen en el procedimiento de intervención, concretamente, del Servicio de Inclusión y Servicio de Infancia).
Aunque todavía queda mucho por hacer, es una realidad que las administraciones públicas están dando pasos para el impulso y estructuración del sistema de servicios sociales realizando un importante esfuerzo por adaptar y mejorar sus servicios.